CIDH advierte crisis de desapariciones en México y emite 40 recomendaciones al Gobierno
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe “Desapariciones en México”, en el que califica el fenómeno como una crisis grave y persistente de derechos humanos, al documentar más de 128 mil personas desaparecidas y cerca de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado.
El informe fue presentado en el Museo de Memoria y Tolerancia y señala que la problemática es generalizada, continua y marcada por altos niveles de impunidad, con especial afectación en jóvenes, mujeres, niñas y adolescentes.
De acuerdo con la vicepresidenta de la CIDH, Andrea Pochak, las desapariciones en México responden a múltiples factores, entre ellos la actuación del crimen organizado, la colusión con autoridades y, en algunos casos, la participación directa de agentes estatales.
El documento advierte que la desaparición forzada ha evolucionado desde casos atribuidos principalmente al Estado en décadas pasadas hacia un esquema complejo donde predominan redes criminales con distintos niveles de cooperación o tolerancia institucional.
La CIDH también identificó fallas estructurales en la respuesta estatal: sobrecarga en fiscalías, falta de coordinación, retrasos en la identificación de cuerpos y desconfianza en los registros oficiales, lo que ha llevado a que familias asuman por cuenta propia las labores de búsqueda.
Además, el informe documenta agresiones contra colectivos de búsqueda, incluidas amenazas y asesinatos, lo que agrava el riesgo para quienes participan en estas labores.
Como resultado, la CIDH emitió 40 recomendaciones al gobierno de Claudia Sheinbaum, organizadas en seis ejes: prevención, búsqueda inmediata, justicia, identificación forense, reparación del daño y fortalecimiento de la memoria y verdad.
El organismo internacional pidió fortalecer los protocolos de búsqueda, mejorar la capacidad forense del Estado, garantizar la protección de familias buscadoras y reducir la burocracia en los mecanismos de reparación.
La CIDH subrayó que, aunque reconoce avances institucionales en los últimos años, la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema.
